Los artículos 279 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) regulan el Depósito y Publicidad de las cuentas anuales.

En particular, el artículo 283 establece el régimen sancionador para el caso de incumplimiento de la obligación, por parte de las sociedades mercantiles, del depósito de cuentas anuales, pudiendo llegar las sanciones a 60.000 euros en el caso de PYMES.

Existe una práctica generalizada por parte de muchas sociedades que han dejado de tener actividad por diversos motivos (disputas societarias, matrimonios que se separan formando parte de una sociedad, etc.) de no presentar sus balances conforme establece la LSC, a pesar de las posibles sanciones del mencionado artículo 283 LSC.

El RD 2/2021 de 12 de enero de 2021, Reglamento de desarrollo de la ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas en su Disposición Adicional undécima, agiliza y potencia el régimen sancionador recogido en el artículo 283 LSC con el fin de “limpiar los censos” de empresas que sin tener actividad ni tráfico mercantil no optan por la disolución y liquidación.

Dada la importancia de las sanciones es aconsejable cumplir con la mencionada obligación, evitando así incurrir en cualquier tipo de conducta sancionable.

Recientemente el TS mediante su sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019, resuelve que a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, en contra de lo sostenido por la Administración tributaria.

Toda vez que los intereses de demora tienen como objeto compensar por un retraso en el cumplimiento de una obligación de dar, no admitir su deducibilidad requiere una previsión normativa al efecto.

Asimismo, los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, por tanto, deben ser deducibles.

Sentencia

El 5 de enero de 2021 se ha publicado Resolución de la Dirección General de Tributos, de 4 de enero, sobre la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se reconoce la reciprocidad con ciertas limitaciones y restricciones. No serán objeto de devolución las en España las siguientes cuotas soportadas:

1. Cuotas soportadas por bienes y servicios adquiridos que no se afecten a la actividad empresarial o profesional.
2. Cuotas soportadas por bienes y servicios que se destinen a la reventa.
3. Cuotas soportadas por bienes y servicios que se refieran a espectáculos o servicios de carácter recreativo.
4. Cuotas soportadas por la adquisición de un vehículo automóvil.
5. El 50 por ciento del IVA soportado por el alquiler o el arrendamiento financiero de un vehículo automóvil.

Toda vez que los empresarios establecidos en Irlanda del Norte disfrutan de la aplicación de un protocolo específico y, por tanto, este territorio tienen la consideración de formar parte de la Comunidad en lo relativo a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes, podrán seguir solicitando la devolución de las cuotas de IVA soportadas por estas operaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la ley. Así sólo les resultará de aplicación las limitaciones citadas anteriormente en relación con las prestaciones de servicios.

Resolución: BOE.es – Documento BOE-A-2021-129

En la reciente sentencia del Tribunal Supremo (en lo sucesivo, TS) de 3 de diciembre de 2020 R. CASACION núm.: 7763/2019, establece que los intereses de demora provenientes de una devolución de ingresos indebidos no tributan en renta al considerarse como no sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en lo sucesivo, IRPF). Es reseñable, que dicha sentencia tiene un voto particular que considera que deberían haber tributario por ganancia patrimonial.

Por otro lado, en la misma sentencia se hacen consideraciones que apuntan a que el TS parece entender que los intereses de demora que deban pagar los contribuyentes a la Administración Tributaria del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) no son deducibles en dicho impuesto.

Es probable que todo lo anterior pueda ser también de aplicación en el supuesto de  devoluciones derivadas del Impuesto sobre Sociedades y del IRNR, por ejemplo, las basadas en vulneración del Derecho de la UE y de la Constitución. En caso de que se hubiera tributado por ello, sería recomendable estudiar la posibilidad de instar la rectificación de las autoliquidaciones de IRPF, IS o IRNR, en su caso, correspondientes dentro del plazo de prescripción.

Sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9b2bbf2a5d9813bf/20201211